En un artículo publicado en noviembre de 2020 en esta misma revista,¹ señalaba que la pandemia del COVID19 y las políticas adoptadas para evitar su propagación en Argentina habían derivado en una triple crisis combinada y asimétrica: sanitaria, económica y social. También indicaba que esta triple crisis “golpeó sobre una economía que ya venía de un largo proceso de estancamiento, alta inflación y desbalances macroeconómicos (incluyendo un fuerte peso del cronograma de pago de la deuda pública)”.

Como allí expliqué, los impactos de esta triple crisis fueron muy desiguales, y se descargaron con mayor potencia sobre los grupos más vulnerables que, entre otros daños, perdieron empleos e ingresos, no pudieron cumplir con los criterios sanitarios preventivos y sufrieron retraso o directo abandono escolar por el cierre de los establecimientos educativos que duró prácticamente todo el año 2020. También sufrieron un duro impacto las empresas de menor tamaño, especialmente las vinculadas a servicios, y las proveedoras de unidades de mayor tamaño que vieron caer fuerte la demanda.

En ese artículo concluía señalando la falsa opción del gobierno argentino que había planteado la necesidad de parar la actividad económica para atender el problema sanitario, sin entender las interrelaciones entre los distintos componentes de una sociedad cada vez más compleja. Así, concluía indicando que este tipo de planteo “solo sirvió para alimentar una retórica de corto plazo que se fue desgastando con el paso del tiempo. Argentina es hoy una sociedad que enfrenta riesgos en todas las áreas relevantes de su complejidad, al punto que esos riesgos se han transformado en una incertidumbre generalizada”.

Durante el año 2021 el gobierno reaccionó y abandonó este planteo. De este modo, el escenario económico y social fue mejorando con el levantamiento de las restricciones, el aumento de la vacunación, el freno de contagios, el retorno al sistema escolar (de aquellos no se fueron definitivamente). Luego de registrar una caída de 10% de la economía en 2020 (que se agregó a las caídas de 1,7% en 2019 y 2,7% en 2018) para el año 2021 se proyecta un rebote de más de 10%. Esto repercutió en una recuperación del empleo y de la oferta laboral que se había retraído en 2020. Desde un pico de más de 13% de desempleo abierto en el peor momento de la pandemia, el tercer trimestre de 2021 registró 8.2%.

Sin embargo, pese a estas mejoras de algunos indicadores económicos, persiste la incertidumbre generalizada. Los factores que explican este escenario son variados: fuertes desbalances macroeconómicos; políticas de regulación de precios que generan múltiples distorsiones y se perciben como muy difíciles de sostener (tipo de cambio, servicios públicos, productos y servicios de consumos básicos, etc.); muy complicado escenario de corto plazo en relación con el cronograma de pagos de la deuda pública, etc. A lo anterior se le agrega una nueva ola de contagios con nuevas variantes del virus que, dado el relativamente alto nivel de vacunación, a la fecha de este escrito no ha repercutido como estrés del sistema sanitario. Sin embargo, Argentina se ubica entre los países con más alto nivel de contagios en el mundo y sus impactos en la vida económica y social no dejan de preocupar.

Algunos indicadores sirven para ilustrar la situación económica:

1. la inflación se proyecta por encima de 50% para el año 2021;
2. la pobreza por ingresos en el primer semestre de 2021 se estimaba en cerca de 43% de la población, mientras que la pobreza infantil llega a casi 55%;
3. las brechas en los variados mercados de divisas hace tiempo oscilan en torno a 100%;
4. el riesgo país sigue entre los más altos del mundo y está pendiente una renegociación del cronograma de pagos del último préstamo del FMI mientras el nivel de las reservas en divisas ya se ubica en valores históricamente mínimos.

A esto se suman otros datos que no aparecen tan claramente en el análisis de la actual situación del país. Por ejemplo, las cifras oficiales estiman que, tras la suspensión de las clases presenciales en el año 2020, más de un millón de estudiantes abandonaron el sistema educativo. Actualmente, si bien se establecieron programas especiales, se estima que sólo un tercio logró volver a vincularse al sistema. Esto en un país donde la deserción escolar, particularmente en el nivel medio, es un problema estructural hace décadas. Mientras tanto, los ingresos de gran parte de la población dependen de las múltiples transferencias fiscales que se expandieron durante la pandemia.

En este escenario, el 14 de noviembre pasado se celebraron elecciones legislativas de medio término, renovándose parcialmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Se eligieron diputados en los 24 distritos electorales y senadores en 8 de ellos. Previamente, el 12 de septiembre, se realizaron elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) para dirimir las listas definitivas de candidaturas por cada agrupación a las elecciones generales.

Como referencia, Argentina va a las urnas cada dos años y elige presidente cada cuatro años. La fuerte concentración poblacional del país hace que, en las elecciones para Presidente y Diputados, los resultados dependan principalmente de Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En otras palabras, 5 distritos de un total de 24 son los que definen estas elecciones (para senadores es diferente porque hay cupos por cada distrito).

Suele pensarse que en situaciones críticas los eventos electorales generan una suerte de “esperanza” en la población con respecto al futuro y que el voto sirve para enviar mensajes claros a la elite política. No parece que este sea el resultado de las elecciones recientes en Argentina.

Los resultados de noviembre indican que la coalición peronista del presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner (“Frente de Todos”), perdió en 6 de los 8 distritos en juego para senadores. Así, resignó 5 senadores y la mayoría de votos en el Senado. Este es un dato relevante, porque el peronismo controló el Senado desde el regreso a la democracia en 1983. El oficialismo también perdió escaños en la Cámara de Diputados, donde hasta aquí gozaba de mayoría propia.

Pese estos resultados, el gobierno intentó suavizar la derrota señalando que, pese a que tuvo que enfrentar la crisis pandémica: 1) mejoró los resultados con respecto a las PASO, particularmente en la Provincia de Buenos Aires donde su derrota se redujo desde seis puntos porcentuales a un punto y medio (recibió 38.53% de los votos); 2) hizo su mejor elección en la ciudad de Buenos Aires (25,1%), que hace mucho tiempo le resulta adversa.

Por el lado de la oposición, la más votada fue la coalición “Juntos por el Cambio” identificada con la “centro-derecha”. Encabezada por el partido PRO del expresidente Mauricio Macri, y también conformada por el tradicional partido Unión Cívica Radical (UCR), más otros partidos de menor peso. Esta coalición ganó en todos los distritos relevantes: Ciudad de Buenos Aires (47%), Provincia de Buenos Aires (39.81%), Córdoba (54%), Santa Fe (40.23%) y Mendoza (49.54%). Sin embargo, se indica que perdió más de un millón de votos en relación con la última elección presidencial de 2019.

En términos relativos, quienes más crecieron fueron: 1) la coalición de izquierda que alcanzó casi 6% de los votos totales y quedó como tercera fuerza a nivel nacional con 4 diputados propios; 2) una naciente agrupación “libertaria” y “anti-sistema”, que alcanzó 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y 7,5% en la provincia de Buenos Aires, pero sin presencia importante en otros distritos del país. Asimismo, impresiona la abstención en un país donde el voto es obligatorio: alcanzó casi 29% (frente a 19% en las últimas elecciones presidenciales), lo que marca el registro más alto en una elección general desde el regreso de la democracia.

La oferta electoral no compitió con programas alternativos, que casi se desconocen (en caso de existir), sino que se trató de una típica confrontación oficialismo-oposición encarnada en liderazgos personales de un “bipartidismo de coaliciones electorales”. Estas coaliciones vienen alternándose en el gobierno nacional en las últimas dos décadas. Dado que no hay compromisos programáticos, pueden incluso cambiar su composición y es fácil reconocer personajes de la farándula política que mutan entre distintas agrupaciones. De hecho, desde las elecciones legislativas ya se han producido saltos de legisladores de una bancada a otra.

El dato más llamativo de las recientes elecciones parece ser el crecimiento de alternativas ubicadas en los “extremos”, pero que todavía no representan una amenaza al bipartidismo de coaliciones. La lectura de la elevada abstención es variada y va desde el hastío, la indiferencia (propia de una elección legislativa), la resignación hasta el rechazo al conjunto del sistema político. Nada de esto debería extrañar en el contexto de una creciente fragmentación social profundizada por la crisis pandémica.

En términos prácticos, los resultados eleccionarios determinaron la pérdida de votos del gobierno en la Cámara de Diputados y de la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, lo cual seguramente repercutirá en negociaciones que suelen ser más “individualizadas” que “orgánicas”. Un ejemplo de esta nueva situación se observó el 17 de noviembre cuando, por primera vez desde el regreso de la democracia, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto para 2022 presentado por el gobierno. En contraste, sobre el cierre del año 2021 en la Provincia de Buenos Aires las dos coaliciones mayoritarias (supuestamente opuestas) aprobaron una ley que habilita a los intendentes a una “reelección” más allá del término que determinaba la ley que estaba vigente. En fin, Argentina demuestra que la disputa por el poder no invalida acuerdos para repartir el poder.

De hecho, tanto el gobierno como la principal oposición coinciden en promover la extracción de hidrocarburos tanto en el territorio continental como off-shore, mientras la sociedad civil se moviliza para impedirlo. Alianzas similares se observan entre gobierno y oposición para promover la especulación inmobiliaria urbana, mientras grupos de la sociedad civil intentan preservar el patrimonio urbano histórico y luchan por abrir espacios urbanos “verdes” y reclaman mejor calidad de vida. Así, la confrontación política encuentra puntos de confluencia allí donde hay negocios y donde se preserva un modelo económico que favorece la continuidad de la lógica del bipartidismo de coalición electoral.

Los resultados electorales también repercuten en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde se tramitan múltiples causas por corrupción y mal desempeño de referentes importantes de la elite política. Por ejemplo, en un fallo por unanimidad luego de las elecciones, la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que se había aplicado en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Este Consejo es el encargado de seleccionar a los jueces que el Poder Ejecutivo somete a la votación del Legislativo; también el Consejo de la Magistratura se encarga de evaluar el desempeño de los jueces e incluso puede iniciarles un juicio político. En respuesta, desde el oficialismo se busca reformar la Corte Suprema para cambiar sus miembros e incluso se alzan voces pidiendo la directa renuncia de los mismos.

Así la agenda pública mediática en Argentina desvaría en cuestiones vinculadas con la “cuota” de poder de cada participante político y con la administración de la agobiante cotidianeidad. No hay instancias institucionales de concertación en torno a temas trascendentes para la sociedad. El debate público entre los personajes que se pretenden “referentes” de la sociedad, se realiza en base a abstractas promesas, frustrantes resultados y gobiernos que se suceden acusándose mutuamente de los problemas del país. La dirigencia empresarial, sindical y demás, no desentona con este panorama agobiante.

En síntesis, el reciente ritual electoral no disipó la incertidumbre y no sirvió para construir esperanzas hacia futuro. Queda expuesto así que, frente a la ausencia de instancias participativas, el mero voto en los rituales electorales no alcanza para opinar sobre una diversidad de problemas que hace tiempo arrastra el país y mucho menos sirve para hacer una lectura de “lo que quiere el pueblo”. Ni siquiera está claro si el hastío de gran parte de la población con la corrupción y los privilegios de la elite política puede provocar cambios sustantivos, menos aún cuando los personajes políticos se reiteran, los nuevos traen viejas y fracasadas propuestas, y la crisis sigue desarrollándose con su propia lógica de auto-reproducción.

Según datos oficiales, hacia finales de 2020 el PBI por habitante de Argentina registró valores similares a los de mediados de la década de 1970 cuando se produjo el último golpe militar en el país. De los aproximadamente 20 millones de personas que se estima integran la fuerza laboral, la informalidad hace décadas representa entre 35% y 40% del empleo total -y en momentos críticos alcanzó registros mayores. El único segmento de empleo que ha crecido en los últimos años es el empleo público. Se estima que, entre 2017 y 2021 la participación de los salarios en el PBI cayó 8% y también cayeron en términos reales los beneficios pagados en las transferencias monetarias más relevantes, como Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones Familiares y otros programas.

El reciente informe del World Inequality Lab registra que el 10% más rico del país se apropia de más de 40% del ingreso nacional, con un ingreso promedio que es 13 veces más elevado que el promedio del 50% más pobre. Si bien la riqueza familiar total más que duplicó su valor desde 1995, su distribución es muy desigual: la participación del 10% más rico osciló entre 60% y 70% del total en las últimas décadas. La temporaria reducción de la desigualdad distributiva que siguió a la crisis de 2001–02, en un escenario interno e internacional excepcionalmente favorable, se revirtió desde el año 2010.

Hace décadas que, con excepciones de corta duración, los desbalances macroeconómicos son una característica permanente de la economía del país, lo cual se agravó recientemente con el shock vinculado a la pandemia: el PBI cayó 10% en 2020, estimándose que entre febrero y abril (los meses de mayor impacto de las restricciones) la caída fue de casi 26%. Asimismo, en ese año el déficit fiscal primario subió a 6.2% del PBI, como resultado del aumento del gasto y la caída de la recaudación, mientras que el déficit financiero superó 8% del PBI. Dado que el país tiene acceso casi nulo al endeudamiento en los mercados, este déficit se financió con asistencia monetaria del Banco Central que llegó a 2,6% del PBI en 2020 -frente a un promedio de 0.34% en el período 2015–2019.

No sólo hubo medidas de expansión fiscal por la pandemia, como detallo en el artículo citado anteriormente, sino que el Banco Central también impulsó medidas de estímulo del crédito y aumento de la liquidez haciendo crecer marcadamente la emisión monetaria. Esta expansión monetaria viene siendo absorbida en parte con deuda del Banco Central que se acumula sin parar. En un contexto recesivo y con controles de operaciones cambiarias, todo lo anterior repercute en inflación, en brechas de las cotizaciones de mercados paralelos de divisas y en un creciente déficit cuasi-fiscal del Banco Central.

Así, la inflación que había registrado valores por debajo de 2% mensual en abril-julio 2020 (en el piso de la recesión), empezó a subir a partir de mediados de año hasta ubicarse en niveles de 4% mensual. En los dos años de gestión del actual gobierno, el crecimiento de los precios al consumidor registrado oficialmente acumula más de 100%. Lo llamativo es que estos valores se registran bajo controles de precios claves en la definición del índice inflacionario y con un mercado de cambios también controlado tanto para operaciones comerciales como financieras.

En otras palabras, la economía argentina está montada en una inflación altísima desde hace mucho tiempo y en la última década está estancada; el rebote reciente más que un indicador de salud económica es un reflejo del grueso error que cometió el gobierno con sus políticas de freno generalizado a la producción en 2020. Además, la economía está regulada por una batería inconexa de precios controlados, (incluyendo alimentos) y otros cuasi congelados como tarifas de servicios públicos (energía, combustibles, transporte, saneamiento, etc.). Esto no sólo significa subsidios enormes a las empresas prestadoras de servicios públicos, sino que genera una fuerte distorsión de precios relativos que oculta una importante “inflación reprimida”.

La inflación erosiona el valor real de salarios y beneficios sociales y se ha vuelto el mecanismo principal para ajustar tanto los costos empresariales como el gasto público en el país. La constante pérdida del valor de la moneda doméstica invalida su función de reserva de valor, más aún cuando las tasas que remuneran el ahorro bancario siguen muy por debajo de la inflación. Todo esto alimenta la incertidumbre y alienta las expectativas de un “ajuste” que busque acomodar los desbalances.

Incluso más cuando las reservas del Banco Central hace tiempo están en niveles muy bajos, pese a las restricciones para operar libremente con divisas tanto en materia comercial como financiera. Si bien el año 2021 registró un superávit comercial históricamente elevado, gracias a los buenos precios internacionales de las materias primas y la caída de las importaciones (también por controles y por la recesión), las transacciones financieras, tanto registradas como no registradas, ya sea para el pago de deudas o para el atesoramiento de agentes económicos, siguen drenando las reservas en divisas.

En fin, el Banco Central no sólo acumuló una deuda interna que alimenta el déficit cuasi-fiscal, sino que, aún con tasas internacionales inusualmente bajas, tiene serios problemas para abastecer de divisas a las operaciones comerciales y financieras en el país. Esta situación tiende a agravarse no sólo porque en un contexto de recuperación del crecimiento crece la demanda de importaciones, sino principalmente por el peso del cronograma de pagos de la deuda externa del gobierno y la imparable fuga de capitales que sufre el país desde hace décadas. Así, la escasez estructural de divisas en el Banco Central para atender las demandas (comerciales, financieras y del público que la busca como refugio de ahorro) sigue siendo un tema central de la economía y la política argentina.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue siendo un actor relevante para la política económica y social del país: entre 1956 y 2020 Argentina firmó 21 acuerdos stand by y dos de facilidades extendidas, a los cuales se suman otros acuerdos de financiamiento vinculados a situaciones especiales de restricción externa. Argentina es actualmente el mayor deudor del organismo por un préstamo de 57 mil millones de dólares concedido en junio 2018 al gobierno anterior de Mauricio Macri. Argentina es el país miembro que recibió el mayor stand by de la historia del organismo y cuyo desembolso fue de casi 80% en un plazo de trece meses (esto es, en los meses previos a la elección presidencial de 2019). Por ello, el gobierno acusa a la oposición de ser la responsable de los problemas para atender el cronograma de pagos.

El actual gobierno intenta reprogramar los más de 15 mil millones de dólares de vencimientos en 2022, pero lo hace inmerso en los señalados desbalances macroeconómicos que se contraponen con las conocidas exigencias de “condicionalidades” del FMI. La historia indica que, si bien el FMI siempre busca favorecer la reprogramación, no es muy favorable a políticas fiscales y monetarias laxas que son las que han sostenido hasta aquí la política del gobierno; mucho menos a los controles de precios (incluyendo el tipo de cambio). Mientras siguen las negociaciones, el termómetro del riesgo país hace tiempo está en niveles récord y los bonos soberanos argentinos ofrecen rendimientos superiores a 20%, incluso los bonos que reprogramó el actual gobierno con acreedores privados.

Ni siquiera en la coalición gobernante se tiene una posición unánime acerca de qué hacer con este tema. Mientras se buscan apoyos internacionales, referentes del propio gobierno elevan reclamos que incluyen un nuevo default, la necesidad de bajar las tasas que cobra el FMI, la extensión de plazos e incluso la pretensión de que el FMI “ayude a recuperar las divisas fugadas del país”. Más allá de la opinión sobre la razonabilidad de estas pretensiones, lo cierto es que no están acordes con las políticas que el FMI acostumbra apoyar.

La verdad es que, en la práctica, hasta aquí el gobierno sigue pagando como puede los compromisos de la deuda, tanto al FMI como a los acreedores privados, y drenando reservas. El último pago al FMI lo hizo con parte de los Derechos Especiales de Giro distribuidos por el propio FMI a los distintos países miembros a fines de agosto de 2021. Mientras tanto, de forma gradual el gobierno va ajustando ciertas variables en línea con lo que pretende el FMI como son los anuncios de alza de tarifas, recorte del gasto público real, nuevos tributos para aumentar la recaudación tributaria, elevación de tasas de interés domésticas (que impactan negativamente en la deuda en pesos del Banco Central), etc.

En el día de entrega de este artículo (28-01-2022), el gobierno y el FMI anunciaron un principio de acuerdo para reprogramar la deuda contraída por el gobierno anterior, aunque no se explicita el nuevo cronograma de pagos que deberá fijarse en el memorándum de entendimiento. Entre lo acordado se publicita:

1. una meta de reducción del déficit fiscal primario hasta 0.9% en 2024;
2. una reducción del financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro hasta llegar casi a cero en 2024;
3. una estructura de tasas de interés que se vuelvan positivas considerando la inflación;
4. una meta de acumulación de reservas;
5. “múltiples políticas” (sin especificar) para reducir la inflación, incluyendo la continuidad de ciertos acuerdos de precios.

No es posible analizar aquí las implicancias de este principio de acuerdo, mucho menos cuando todavía no está el memorándum definitivo.

Luego de las elecciones legislativas de noviembre de 2021 y pese a la recuperación económica de 2022, continúa la incertidumbre que hace décadas impregna la vida en el país. Históricamente, frente a situaciones críticas como la que atraviesa Argentina, en las elecciones se apostaba a transferir poder a coaliciones hegemónicas que pretendían representar “la totalidad de la sociedad” y hablar en nombre de la totalidad del “pueblo”. Este tipo de salidas, que no fueron efectivas en el pasado pero que daban sensación que había un poder concentrado para las decisiones, no funciona actualmente en una sociedad cada vez más compleja, fragmentada y desigual. De hecho, parte del problema son las disputas internas del propio gobierno y la percepción de su incapacidad para resolver problemas.

En este escenario, no debe extrañar la reaparición de personajes y discursos de la denostada década del noventa que fue testigo de una brutal experiencia de gestión neoliberal-peronista encabezada por el expresidente Carlos Menem, y que tuvo al régimen de Convertibilidad como su bandera emblemática. De hecho, en estos días se observa como una fracción del establishment — y parte de la sociedad — vuelve a pensar que la crisis continua de la Argentina sólo puede resolverse con políticas de shock, extremas y casi mágicas. Esto se suma a la naciente fuerza política libertaria que promociona exabruptos de este tipo. En este contexto, no debería extrañar que vuelvan a escucharse voces reclamando dolarización de la economía, apertura indiscriminada, shocks devaluatorios o desatinos similares.

Esto prueba, en cierto modo, que el mejor modo de hacer sobrevivir y hasta resucitar proyectos fracasados es el subsiguiente desengaño con proyectos que se suponen opuestos pero que igualmente llegan a resultados frustrantes. La falta de legitimación política e incapacidad representativa es una consecuencia lógica de la incapacidad de los sucesivos gobiernos de estabilizar un régimen económico y social en el país. En este contexto, no debería sorprender la pérdida de votos de los oficialismos, ni la abstención ni el surgimiento de agrupaciones extremas. Lo sorprendente es la relativa estabilidad del sistema político-institucional de Argentina frente a la alternancia de proyectos frustrantes e incapaces de encontrar alternativas que alienten esperanzas de un futuro mejor.

Todo indicaría que, si se pretende encaminar la crisis y disipar la incertidumbre que impregna a la economía y la sociedad argentinas, se debería construir acuerdos colectivos básicos que reconozcan procesos de “aprendizaje” de los errores históricos. Sin embargo, la elite política no da muestras de ir en esa dirección, sino que insiste en concentrar energías en la acumulación de poder sectorial (y hasta faccioso), distribución de prebendas, medidas económicas y políticas sociales de corto plazo que no construyen confianza ni relaciones técnicas virtuosas. Los temas más trascendentes y con proyección de futuro no son levantados por la clase dirigente, sino por movimientos sociales: aborto, ecologismo, desempleo, pobreza, etc.

Argentina sigue ajena a los temas trascendentes para la humanidad y buscando en el pasado “modelos” económicos que le den una salida a una crisis cuyas raíces son estructurales. La elite política sigue ignorando los necesarios procesos de cambio del capitalismo democrático y los límites que cuestiones como la crisis climática colocan a las políticas públicas ensayadas en el pasado. Se podría decir que hace tiempo la discusión política argentina es vetusta, aburrida y carente de sentido trascendente.

Frente a esto la sociedad tiene pocos elementos para cuestionar la acción política y comprender la cada vez más compleja crisis estructural. Las elecciones periódicas no alcanzan para expresar opiniones y mucho menos para que el sistema político abra el juego a una democracia más deliberativa y a un proceso de cambio. Lo que se abre o se cierra son los mercados, en un péndulo que aumenta la incertidumbre y la ineficiencia económica, pero la sociedad y el sistema político siguen operando del mismo modo y construyendo poder montado en la incertidumbre, desigualdad y fragmentación económica y social.